Lo decidió el juez Julián Ercolini. También deberán declarar el empresario Héctor Martinez Sosa y su mujer María Cantero, y varios ex integrantes de Nación Seguros
El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al ex presidente Alberto Fernández por el escándalo de los seguros y a otras 38 personas, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. También fueron convocados el empresario Héctor Martinez Sosa, su mujer María Cantero, y varios ex funcionarios de directorio de Nación Seguros.
Fernández deberá presentarse el 20 de noviembre. Al día siguiente fueron citados Martínez Sosa y su mujer, la histórica secretaria del ex presidente.
La extensa lista incluye al ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros ex funcionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos. Algunos de ellos habrían implementado, según la Justicia, un “mecanismo de direccionamiento” para elegir a los brokers que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023. De esa manera, las designaciones por parte de los organismos públicos eran, en muchos casos, una pantalla.
En una resolución de 46 carillas a la que tuvo acceso Infobae, el juez acusó a Fernández de tener el control de toda la maniobra, al margen del decreto 823/21, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros: “Aprovechándose de su investidura, el nombrado habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
Toda esa maniobra benefició a un grupo reducido de empresas.
Bachellier encabezó el ranking de las comisiones. El año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803. Solo el contrato con Gendarmería le significó un ingreso de $1.363 millones, aunque también tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.
Los chats encontrados en los teléfonos de los imputados revelaron que Martínez Sosa gestionó esa póliza. El broker le contaba a su mujer detalles de las reuniones y hasta se sacaba fotos con Andrés Severino, por entonces director nacional de la fuerza. “Todavía aquí. Ahora con él y el 2do comandante”, le cuenta a su mujer el 8 de julio de 2021.
Severino es uno de los citados. Deberá presentarse el 2 de diciembre.
Al frente de Bachellier figuran Osvaldo Alfredo Tortora y Ricardo Daniel González, pero los investigadores hace tiempo trabajan sobre la hipótesis de que es un satélite de Martínez Sosa. Sin embargo, Tortora fue sumado a la lista de indagatorias.
Detrás de esa empresa aparecía la firma de “Hecky” Martínez Sosa, que recibió $366.635.744 en comisiones. Una auditoría de Nación Seguros reveló que el amigo de Fernández tuvo contratos con 19 organismos públicos. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros. Solo entre esas dos empresas cobraron más de $2000 millones.
“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de “Nación Seguros SA” y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de “Nación Seguros”, dice la resolución del juez Ercolini.
Detrás de Martínez Sosa aparecían varios “satélites” que también fueron citados a declarar: Manuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando Carlos Salim.
En total, entre “Hecky” y sus satélites cobraron $2.297.820.134, es decir el 59,6% del universo de comisiones pagadas.
El juez apuntó también a la empresa Castello Mercuri SA y al broker Pablo Torres García, dueño de TG Broker. “Como resultado de este direccionamiento indebido, las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castello y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por “NACIÓN SEGUROS S.A.” por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”, se destaca en el fallo.
Traducido a números, esas empresas cobraron $3.364.522.944, más del 87% de los $ 3.857.616.638 liquidados por la aseguradora oficial a todos los intermediarios en la gestión de Alberto Fernández.
Respecto a Martínez Sosa, la resolución destaca la relación de amistad con Fernández y los regalos que le hacía al ex presidente junto a su pareja. En los chats de la causa se mencionan corbatas, relojes, y hasta un cuadro original de Perón y Evita abrazándose. Esa obra, de Juan Manuel Núñez Lencinas, terminó colgada en el despacho de Olivos.
En 2019, cuando todavía Fernández no era presidente, Cantero compró un Tag Heuer, de la serie Aston Martin, valuado en 1800 dólares. La foto fue borrada pero los peritos lograron recuperarla. El destinatario era el “Gordo” Rodríguez, un nexo privilegiado entre el Presidente y Martínez Sosa.
No fue el único reloj lujoso que compró Cantero. El 8 de diciembre de 2019, dos días antes de la asunción del flamante presidente, la secretaria entró a la oficina a los gritos y se dirigió a Alberto Fernández: “Mirá lo que te compramos con Héctor”. Adentro de la bolsa había un Rolex. El presidente electo se incomodó con la situación y rechazó el regalo. Un dirigente político, que luego tendría un cargo importante en ese gobierno, fue testigo de toda la escena.
Además de la maniobra para elegir a los brokers, Ercolini hizo hincapié en la elección de las coaseguradoras, otro negocio millonario, tras la publicación del decreto 823. “Ello habría permitido concentrar en la órbita de “Nación Seguros SA” el direccionamiento de la asignación de porcentajes de los contratos a las aseguradoras privadas que eran seleccionadas de forma arbitraria desde la Subgerencia Técnica Comercial a cargo de Carlos Alberto Soria”, describió el juez.
La causa de los seguros comenzó a fines de febrero, tras un artículo publicado por el editor general adjunto del diario Clarín, Ricardo Roa. En marzo, el juez Ercolini realizó decenas de allanamientos en los domicilios de los principales imputados y en más de 100 organismos. En esos operativos, se secuestraron varios celulares y se analizó su contenido. De esa manera se encontraron los mensajes y las fotos que le había mandado Fabiola Yañez a Cantero en 2023.
Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la ANSES.
Luego de los primeros allanamientos ordenados por el juez, Nación Seguros echó al entonces gerente general Mauro Tanos, al gerente de compras Marcos Eufemio, y al gerente del área comercial, Matías Caselli. Semanas después, también fue apartado D’Angelo Campos de la ANSES.
Además fue citado a indagatoria el empresario Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, que recibió decenas de transferencias sospechosas de algunos brokers investigados, tal como reveló Infobae.
Esa cooperativa apareció en escena al comienzo del escándalo. Fue un hallazgo totalmente casual: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento en la empresa San Ignacio y terminó descubriendo dos camionetas 4×4 registradas a nombre de esa firma. Esa pista expuso una red de contactos entre ex funcionarios de Nación Seguros y empresas aseguradoras.
Al menos dos aseguradoras investigadas por el juez Julián Ercolini figuran en las transferencias ingresadas a las cuentas de 7 de Mayo. El dinero entraba a cambio de un supuesto servicio. En este caso, se hablaba de eventos gastronómicos. Para no despertar sospechas, la cooperativa emitía facturas por esos montos. Pero no había ningún catering.
La cooperativa 7 de mayo era la dueña de una franquicia de “La Birreria”, que funcionaba en Honduras al 5500, y había tramitado un subsidio con el INAES de $15 millones. El dinero ingresó a la cuenta el 24 de octubre de 2022. Una semana después, se esfumó a través de 16 cheques, según consta en un documento oficial al que tuvo acceso Infobae. “La Cooperativa no dio respuesta a la información acerca de a qué persona, humana o jurídica, se ha extendido cada uno de esos cheques”, admitió el INAES en mayo de este año. Un mes después, tuvo que suspenderla.
