LA CONTROVERSIAL MEDIDA.
El decreto del gobierno nacional, fue publicado en el Boletín Oficial, por el que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se retira de su rol de intermediaria entre hospitales públicos y obras sociales en lo concerniente al cobro de prestaciones. Se trata de los servicios que los hospitales brindan a afiliados de obras sociales, tal como ocurre con el Hospital San José de Capilla del Señor.
Hasta ahora, los hospitales que atendían a afiliados de obras sociales podían tramitar a través de la SSS la devolución del costo de esas prestaciones. El argumento del decreto según publicó La Gaceta de Exaltación, para que esa posibilidad caduque, es que es que el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud, lo hace de “forma disfuncional en el trámite de facturación, con el consecuente retraso y acumulación de trámites”.
El decreto 172 agrega que “no se cumplieron eficazmente los objetivos” de una resolución de 2021, por la que se aprobó el procedimiento para el recupero de las prestaciones brindadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), tendiente a facilitar el pago de tales prestaciones. Y habla de la propia “ineficiencia y desaprovechamiento de recursos”.
Aunque en los hechos el sistema tenía evidentes problemas operativos, en teoría era una garantía de cobro para los hospitales. Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, explicó que -hasta ahora- “si los hospitales que se anotaban en el sistema no lograban cobrar la prestación a las obras sociales en un plazo de 90 días, el superintendente estaba autorizado a transferir compulsivamente esos fondos”
Fuentes de la SSS dijeron que el sistema está integrado por 1.063 hospitales de todo el país, según la plataforma de inscriptos actualizada hasta septiembre de 2023. “Puede que sean algunos más que no estén inscriptos”, aclararon.
