A UN MES DEL FALLECIMIENTO DE DONATO ARCE.
La familia pide justicia y advierte sobre el riesgo de impunidad.
Al cumplirse un mes del trágico siniestro vial, en el que perdió la vida el sr. Donato
Arce, su familia en su carácter de particular damnificado y acompañada por su abogada, considera necesario hacer pública su voz para que este hecho no quede en el silencio ni en el olvido.
Donato Arce era un vecino querido en la zona, un hombre trabajador, padre de
familia y compañero de vida. El día 11 de enero de 2026, circulaba correctamente por una ruta de doble circulación a bordo de su Fiat 600, cuando fue violentamente embestido por un vehículo Mercedes Benz que, según surge de los testimonios obrantes en la causa, circulaba a una velocidad excesiva e imprudente. El impacto fue de tal magnitud que Donato falleció en el acto.
Uno de sus hijos y su compañera circulaban detrás de él. Fueron testigos directos
de la escena más dolorosa: ver a un padre sin vida sobre la cinta asfáltica. A ello se sumó que dos de los familiares, resultaron con lesiones físicas como consecuencia del hecho.
Sin embargo, el daño más profundo es el que no se ve: el emocional y psicológico, el que atraviesa cada día desde entonces a toda la familia.
Desde el punto de vista judicial, la causa se tramita como homicidio culposo. El
conductor del vehículo embistente, Sandro Noriega, de 22 años de edad, fue
formalmente notificado conforme el artículo 60 del Código Procesal Penal, en carácter de imputado. A la fecha, aún no se le ha recibido declaración indagatoria en los términos del artículo 308.
En el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se han dispuesto diversas medidas de prueba relevantes. Se ordenó la realización de la pericia
accidentológica, y se encuentra prevista la pericia toxicológica para el día 9 de febrero, y desde el mismo momento del hecho se procedió al secuestro de los vehículos involucrados, teléfonos celulares y otros elementos hallados en el lugar, los cuales integran el material probatorio que deberá ser analizado por la Justicia.
En el marco de la investigación, la familia, a través de su representación legal, ha
impulsado distintas medidas tendientes a resguardar la legalidad del proceso, y la
correcta reconstrucción de los hechos. Entre ellas, se planteó la nulidad de una
declaración testimonial recibida el mismo día del siniestro, en un contexto de extrema conmoción emocional y con lesiones físicas recientes, con el único objetivo de garantizar que toda prueba incorporada a la causa sea válida, clara y respetuosa de los derechos de las víctimas. Es decir, se pidió que no sea tenida en cuenta por haber sido tomada en un momento de extrema conmoción, sin las garantías mínimas que exige la ley. Dicho planteo se encuentra actualmente pendiente de resolución por el Juzgado de Garantías interviniente, lo que refuerza la preocupación de la familia respecto de la necesidad de que la investigación avance con celeridad y profundidad, sin dilaciones que puedan afectar el esclarecimiento de la verdad.
Resulta particularmente preocupante, la forma en que se han llevado adelante
algunas actuaciones iniciales por parte del Ministerio Público Fiscal. En especial, la
recepción de una declaración en un contexto que no reunía las condiciones mínimas de idoneidad, claridad y resguardo de derechos que exige un proceso penal serio. Lejos de tratarse de una cuestión meramente formal, este tipo de irregularidades impactan directamente en la búsqueda de la verdad, y generan un fundado temor de que el avamente formal, este tipo de irregularidades impactan directamente en la búsqueda de la verdad y generan un fundado temor de que el avance de la investigación se vea viciado desde sus primeros pasos.
La familia Arce, en su carácter de particular damnificado, ha señalado
oportunamente que dicha declaración fue tomada en circunstancias que no garantizaban ni la validez ni la fiabilidad del acto procesal, situación que fue puesta en conocimiento del órgano jurisdiccional competente y que aún se encuentra pendiente de una respuesta concreta. La falta de corrección inmediata de estas irregularidades no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también debilita la confianza social en el accionar de la Fiscalía.
Cuando una causa involucra la pérdida de una vida humana, la actuación del
Ministerio Público no puede ser apresurada ni descuidada. Cada decisión, cada acto
procesal y cada omisión tienen consecuencias. Tomar declaraciones en condiciones
inadecuadas no es un error menor: es una falla grave que puede comprometer el
esclarecimiento de los hechos, y abrir la puerta a escenarios de impunidad que la
sociedad no está dispuesta a tolerar.
Este caso interpela a todo el sistema de Justicia. Las investigaciones penales no
pueden perder calidad ni sensibilidad cuando se trata de una muerte evitable y de una familia atravesada por el dolor. Garantizar procesos legales correctos, tiempos
razonables y respeto por las víctimas no es una exigencia extraordinaria: es el mínimo que la sociedad espera.
A un mes del hecho, el dolor sigue intacto.
Los hijos siguen sin su padre.
Una mujer sigue sin su compañero de vida.
Y una familia entera continúa esperando respuestas.
Este comunicado tiene un único objetivo, que la muerte de Donato Arce no quede
silenciada. Que se investigue hasta las últimas consecuencias. Que la verdad salga a la luz. Y que la Justicia actúe con la seriedad que un hecho de esta magnitud exige.
Porque recordar también es una forma de pedir justicia.
Familia Arce
